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June 17, 2014
June 17, 2014

Portugal: El caso del barrio de Santa Filomena

Author: HABITA Translator: Susana García
Source: HABITA  Category: On the crisis
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Portugal: El caso del barrio de Santa Filomena

La autoridad local de Amadora procede a desalojos y demoliciones forzadas que violan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de intereses financieros privados. ¿Por qué?

En 2012, la Cámara Municipal de Amadora (CMA) inició un programa de desalojo y demoliciones forzadas en el Barrio de Santa Filomena  implicando a centenares de familias en base a un programa de realojamiento, o Programa Espacial de Realojamiento (PER) de 1993, con 20 años y, por eso, completamente obsoleto en su censo: el grupo de las familias y sus características cambió, naturalmente, en 20 años. Los efectos de estos desalojos son completamente desastrosos desde el punto de vista humano y social: la mayor parte de los afectados por el PER cambiaron y las posibilidades de realojamiento que ahora se presentan son completamente inadecuadas; y para las familias que no están cubiertas por el obsoleto PER, la CMA no ha presentado otra alternativa.

Según un investigación realizada por Habita – Colectivo pelo Direito à Habitação e à Cidade (Habita-Colectivo por el Derecho a una Vivienda y a la Ciudad) en Julio de 2012, el grupo de personas excluidas del realojamiento y que, por tanto, se quedarían sin techo, estaba constituido por cerca de 285 personas, repartidas en 84 familias, de las cuales: 105 serían niños de hasta 18 años (73 menores de 12 años), varios nacidos en Portugal y escolarizados; 80 personas estaban desempleadas; 14 personas con invalidez permanente, discapacidad o dolencia crónica. Más de 55 familias tenían por lo menos una persona desempleada; más de 20 familias eran monoparentales, en su mayoría compuestas por madres e hijos/hijas.  Los ingresos medios de estas familias  eran mucho más bajos, situándose entre los 250 y los 300 euros. Hay que señalar que la mitad ha vivido en el barrio durante una década, y en algunos casos durante más de dos o tres décadas.

La inhumanidad de la situación fue denunciada por el Colectivo Habita ante varias entidades nacionales e internacionales, debido a que los derechos en cuestión están salvaguardados por la Constitución de la República Portuguesa (Artículo 65º – Derecho a vivienda y planificación urbana) y por la legislación internacional a la cual Portugal está adherido, a saber, la Carta Social Europea, la Convención Europea de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños,  la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Deficiencia y  la Convención Europea de los Derechos Humanos. El gabinete del Comisariado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa reconoció que la situación descrita podría estar conduciendo  a violaciones graves de los derechos humanos. La denuncia originó la apertura de un proceso por parte del Defensor del Pueblo.

La denuncia fue acompañada por la reivindicación de la paralización de las demoliciones, habiendo sido manifestada, por parte de la población y de los activistas,  su disponibilidad para reunirse con el ejecutivo de la Cámara para analizar el problema y buscar soluciones alternativas. Este año, el 29 de Enero de 2014, la Assembleia da Habitação dirigió al Presidente de la Cámara una carta abierta en la que se solicitaba una reunión con el Presidente de la Cámara. No esperamos que sea la autoridad local la que resuelva todos los problemas de la vivienda del municipio, pero eso no legitima la destrucción del único techo de estas personas, que no tienen acceso a ninguna otra alternativa.
Como dijimos entonces, defendemos y estamos dispuestos a apoyar a la autoridad local en esto, que haya una asociación entre autoridades locales y movimientos, reclamando juntos al gobierno, e incluyendo en los próximos programas comunitarios y cuadros de apoyo, programas para el desarrollo de una política social de viviendas. Por ahora, la acción más razonable es suspender las demoliciones. No obstante, el Presidente de la CMA ha ignorado nuestras alertas, las peticiones de reunión así como la reivindicación de la suspensión de las demoliciones. Continuando el programa avanzado de demoliciones, también durante el mes de febrero, con más desalojos y demoliciones autoritarias. En una reunión pública del Ejecutivo, a la cual asistieron más de un centenar de habitantes de varios barrios de Amadora, Carla Tavares dijo estar disponible para al diálogo pero indisponible para suspender las demoliciones. La indisponibilidad es visible: nunca responde a los pedidos de reunión enviados y retoma ahora las demoliciones

Lo más indignante es percibir qué intereses en esta causa llevan al  ejecutivo camarário a insistir en llevar adelante los desalojos y las demoliciones autoritarias: sorprendentemente, los terrenos de Santa Filomena pertenecen a un Fondo de Inversión Inmobiliario, o Fondo Cerrado Especial de Inversión Inmobiliario  VillaFundo (Fundo Fechado Especial de Investimento Imobiliário VillaFundo), integrado en Interfundos do Millennium BCP. Eso significa que la CMA hace uso de los recursos públicos y de la autoridad pública para desalojar a las personas de un terreno privado, no se ha coibido a la hora de violar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas implicados, ¿Por qué?

Algunos hechos sobre los terrenos del  Barrio de Santa Filomena

  • A finales del año 2013, supimos que los terrenos donde se sitúa el Barrio de Santa Filomena pertenecen al Fundo Fechado Especial de Investimento Imobiliário VillaFundo, gestionado por Interfundos do Millennium BCP, lo que nos sorprendió en contra el fuerte compromiso de la autoridad local en la demolición de este barrio.
  • VillaFundo fue creada en diciembre de 2006 y la operación de compra de los terrenos se realizó poco después, en febrero de 2007, involucrando a la Empresa Moinho da Vila Chã – Actividades Inmobiliarias.
  • Interfundos constituye una de las mayores sociedades gestoras de mercado. Según la Asociación Portuguesa de Fondos de Inversiones, Pensiones y Patrimonio (APFIPP), en febrero de 2014 tenía la mayor cuota de mercado, gestionando 1555,7 millones de euros, o sea el 12,7% del volumen del mercado. Se trata por eso de un actor financiero fuerte – mucho más fuerte  que las familias que han sido objetos de desalojos -, y con un peso notable en el marco del mercado financiero portugués.
  • Según su reglamento de gestión, VillaFundo tiene como objetivo crear condiciones de rentabilidad, seguridad y liquidez, sin privilegiar ninguna área en particular de la actividad inmobiliaria.
  • Los fondos inmobiliarios tienden a investir principalmente en oficinas, centros comerciales y  áreas comerciales  con la intención de obtener rendimientos que remuneren las unidades de participación a largo plazo. Se desconoce como pretende este FII sustraer más valor de este terreno.
  • Este fondo no distribuye los ingresos, revistiendo la característica del fondo de capitalización, velando por la acumulación de capitales. Además se trata de un fondo cerrado, un tipo de instrumento que, según la Protesta, muchas veces busca el proporcionar ganancias fiscales para las instituciones que los crearon. Por esa razón sus objetivos no pueden ser más ajenos al interés público.
  • Como cualquier otro instrumento de esta naturaleza, las expectativas de rentabilidad dependen de las valoraciones de los inmuebles que forman  su cartera y tiene factores asociados a las condiciones de adquisición de los inmuebles, a los proyectos de construcción previstos y a los valores esperados con su alienación o rentabilización. Según el Informe de Actividades de este Fondo relativo al año de 2012, los terrenos donde se encuentran situadas las casas de las familias de Santa Filomena, que se encuentran allí desde hace mas de 30 años, fueron tasados en 25.210.590,72 euros y representan, para el Fondo, una potencial plusvalía de 1.389.409,28 euros.
  • Suponemos que ese valor añadido sería exponencial si los terrenos no tuvieran a nadie residiendo allí. Pero para las familias, estas casas representan el único techo disponible para ellos y para  sus hijos.

Estos hechos levantan algunas cuestiones:

  • ¿Dónde está el interés público? ¿Y los intereses de los y de las ciudadanas afectadas?
  • Entre las expectativas de rentabilidad, de capitalización y especulación inmobiliaria con un retorno de más de un millón de euros para el Fondo de Inversión Inmobiliario y el  Derecho Humano a una Vivienda de las familias que residen allí – muchas desde hace más de 30 años y con derechos de propiedad y posesión de los terrenos y lo más importante teniendo solamente aquello como el único techo para vivir-,  ¿por qué razón la Cámara continua con el desalojo autoritario de los habitantes de Santa Filomena y con la demolición de sus casas, potenciando las ganancias y las plusvalías del Fondo en detrimento de los derechos y de las dignidades de las familias que allí viven? ¿En nombre de qué intereses actúa la CMA?
  • ¿Cuáles son las razones que subyacen en una actuación que viola el derecho humano a una vivienda de los habitantes de sus municipios en nombre de los intereses, para la CMA superiores, de las ganancias especulativas y económicas de un Fondo de Inversión Inmobiliario?

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